Toledo, 3 de julio de 2020. La sala de Lo Social del TSJ-CLM ha estimado las demandas por conflicto colectivo presentadas por CCOO contra dos entidades gestoras de centros y hogares de menores de CLM, que llevan desde enero de 2019 sin pagar a sus plantillas el complemento específico establecido en el artículo 66 del convenio colectivo de aplicación.

Querida consejera:

Me llamo Rosa María Escamilla Martin, soy Educadora Social y delegada sindical de CCOO-Enseñanza en un centro de menores de CLM. Le escribo para decirle que todavía estoy recibiendo respuestas indignadas al wasap que remití el pasado miércoles a mis compañeras y compañeros del sector con el enlace a la nota de presa que emitió ese día su consejería anunciando que “El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 8,2 millones de euros a la gestión y mantenimiento de los hogares y centros de menores.”

En la reunión de la Mesa Estatal del ámbito de la concertada, el sindicato también dejó clara su posición frente a la nueva ley, que debe continuar con su proceso de negociación, para lo cual ya había presentado al Ministerio una batería de propuestas.

Las organizaciones del sector de la Educación Infantil firman una Declaración Conjunta en la que se reclama apoyo económico al sector, prorrogar los ERTE y que se fijen unas condiciones claras para la apertura segura de los centros.

Los sindicatos pondrán todos los recursos jurídicos a su alcance en aquellos procesos que puedan ser susceptibles de no haberse realizado adecuadamente.

La Federación Estatal de Enseñanza de CCOO afirma que las medidas que se adopten deben ser las mismas para centros públicos y privados. Lo contrario supondría avalar la existencia de trabajadoras de primera y de segunda.

La iniciativa tiene como objetivo abrir el necesario debate para adoptar las medidas que garanticen la seguridad y salud de las personas trabajadoras y del alumnado en la vuelta a las aulas.

El sindicato afirma que la planificación resulta imprescindible para afrontar con garantías la vuelta a las aulas.

Es igualmente necesario dotarnos de un Plan Integral de Seguridad y Salud que convierta a los centros en lugares seguros desde el punto de vista sanitario y, por tanto, se minimicen los riesgos de contagio tanto para los trabajores/as como para el alumnado y las familias, además de un plan extraordinario de inversión educativa.

El educativo, junto con el comercio, son los sectores que más empleo pierden según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En número de afiliados medios a la Seguridad Social, las comunidades de Madrid, Andalucía, Cataluña y País Valencià son las más afectadas.

El sindicato ha manifestado su desacuerdo en los apartados referidos a la cláusula de descuelgue, al aplazamiento de las comisiones de becas y al abono de los atrasos de las retribuciones fijadas para 2019.

El sindicato informa que hay entidades como CLECE e ILUNION que están realizando interpretaciones interesadas del real decreto ley, afectando a centenares de personas en sectores precarizados y feminizados.