En CCOO no nos gusta entrar en polémicas con otras organizaciones sindicales. Menos cuando somos copartícipes, junto al Ministerio de Trabajo, de grandes avances laborales en los últimos años. Reforma Laboral, ERTE, permisos familiares, Salario Mínimo Interprofesional, pensiones…, o el de aplicar en la enseñanza concertada los acuerdos que firmamos en el ámbito del Área Pública, son claros ejemplos de ello.

Pero es dicho español que “quien calla, otorga”. Por eso, aunque lamentamos tener que hacerlo, nos vemos obligados a dar esta contestación al panfleto de UGT posterior a nuestra negativa a prorrogar la firma de las tablas salariales para el profesorado en pago delegado de este año, que desde hace meses viene percibiendo en la inmensa mayoría de comunidades autónomas el incremento del 2,5% de 2023 y que está publicado en sus boletines oficiales.

Nuestra última discrepancia en enseñanza concertada fue en junio de 2013, justo hace 10 años, con motivo del VI Convenio, que CCOO no firmó. Desde entonces hemos participado activamente y suscrito todos los acuerdos estatales (control horario, salidas, revisiones salariales o el vigente VII Convenio), hasta nuestra actual oposición a que no se cumpla en plazo su previsión de actualizar las tablas salariales del profesorado en pago delegado.

Tanto entonces, como ahora, CCOO y el resto de los sindicatos y patronales tuvimos lógicas discrepancias, pero nadie recurrió al insulto o la descalificación general, y a poner en cuestión nuestros conocimientos sobre la enseñanza concertada, ni siquiera cuando recurrimos algunos artículos ante la Audiencia Nacional.

UGT sí. Hace 10 años y ahora. Parecen tener un problema enfermizo para explicar sus posiciones, porque no defienden su postura con explicaciones sindicales, sino desde el alarmismo y el catastrofismo, advirtiendo de las terribles consecuencias para el sector, para el futuro del pago delegado y hasta para el empleo que las iniciativas de CCOO pudiesen tener. ¿Vamos a provocar el cierre de unidades porque no firmemos algo y pretendamos defender por la vía judicial el hecho de que no existan tablas salariales para el colectivo docente, con el riesgo que ello conlleva? ¡Cuánta ignorancia!

Hace 10 años, la Audiencia Nacional nos dio la razón en el abuso para hacer contratos por obra y servicio anulando varias de sus causas, como anuló por discriminatorios los salarios diferentes para el personal de 0-3 años en función del momento de su contratación, que habían firmado. No nos la dio en la legalidad de que los firmantes dejasen al arbitrio de las administraciones educativas el abono de la paga de 25 años (¡Y así nos ha ido! En Andalucía, por ejemplo, nadie la ha cobrado desde entonces), o el plazo existente desde 1976 para percibir el 100% del salario por enfermedad (que conllevó problemas en otras CC. AA.).

Pero el mundo no se hundió porque CCOO no firmara el VI Convenio, como UGT predijo que ocurriría, tampoco cuando recurrimos varios de sus artículos. Ni se va a hundir ahora porque pidamos la elaboración de las tablas salariales de 2023 para el profesorado en pago delegado. Era entonces, y es ahora, un insulto a la inteligencia del profesorado, decir que cualquier organización del sector tiene capacidad para anular el pago delegado, que está consagrado en una Ley Orgánica desde 1985, o de provocar una pérdida masiva de empleo. CCOO tampoco tiene esa capacidad, pero lo curioso es que UGT nos la da mientras afirman, simultáneamente, que somos un sindicato residual y no sabemos nada del pago delegado ni de la concertada.

En definitiva, UGT justifica sus actuaciones arremetiendo contra CCOO y metiendo miedo al mismo tiempo, situándose del lado de sindicatos corporativos y de organizaciones patronales y, de paso, aprovecha el ruido para pedir el voto sindical. Por eso, y para tranquilizar al conjunto de personas trabajadoras del sector de las barbaridades que exponen en su panfleto, nos vemos obligados a recordarles nuestra relación con la creación del pago delegado y su defensa, nuestro análisis sobre la financiación de la enseñanza concertada y las propuestas que hemos hecho y algunas razones por las que no hemos firmado la prórroga para fijar las tablas salariales del profesorado en pago delegado, que es la causa de su furibunda reacción.

CCOO y el pago delegado

La Ley General de Educación de 1970 creó los colegios subvencionados para garantizar la enseñanza obligatoria en centros privados, y su art. 124.3 prometía que el Gobierno fijaría “la remuneración mínima del profesorado no estatal que, en todo caso, será análoga a la del profesorado estatal de los respectivos niveles”.

El Gobierno no cumplió y la subvención, una cantidad fija por unidad escolar, creaba serios problemas laborales: falta de periodicidad del cobro y la no previsión de trienios y complementos, lo que dificultaba la estabilidad del empleo.

Para resolver los problemas laborales existentes, mejorar el control de los fondos públicos, avanzar hacia la equiparación y hacer frente al “cheque escolar” que reclamaba la patronal, CCOO empezó a exigir el pago directo al profesorado como alternativa a las subvenciones, desde finales de 1978 y especialmente desde 1981.

Durante varios años ese fue el principal objetivo de CCOO en el sector, hasta conseguir, en 1985, su inclusión en la LODE. Esta Ley cambió la denominación de centros subvencionados por concertados y fijó el sistema de financiación y el abono directo de nóminas por la Administración en nombre de la empresa, bajo la denominación de pago delegado. CCOO fue, por tanto, el primer sindicato en exigir el pago delegado y es el principal responsable de su implantación. Las ventajas del nuevo sistema se manifestaron de inmediato: mayor seguridad salarial, regularización de las nóminas, mejora de la estabilidad y, en 1987, consecución del primer Acuerdo de Equiparación con el Ministerio de Educación.

En los primeros años de implantación, una parte de la patronal no aceptó el pago delegado y, en 1995, consiguió que un nuevo

Proyecto de Ley, la LOPEG, lo suprimiese. Ante la inhibición del resto de sindicatos del sector (con una clara dependencia entonces de la UGT) CCOO convocó, en solitario, una huelga en su defensa y logramos que la Ley lo mantuviese. Así que no le aceptamos a nadie lecciones de defensa del pago delegado.

Desde entonces, el único cambio reseñable es que el afán de protagonismo de UGT, rompiendo la movilización unitaria de reclamación de los sexenios, le llevó, en 1997, a plantear unilateralmente un extemporáneo juicio en el que el Tribunal

Supremo dictaminó que analogía retributiva no significaba equiparación, paralizando parcialmente los procesos de negociación con el Ministerio, hasta que en la LOE conseguimos cambiar la expresión.

Problemas en la financiación de la enseñanza concertada y propuestas de la Federación de Enseñanza de CCOO

CCOO es la organización que más estudios realiza sobre financiación educativa y más reclama su mejora tanto para centros públicos como concertados. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) estatal de financiación del Sistema Educativo de 1994 o la actual ILP del 6% del PIB de Cataluña, son dos claros ejemplos.

CCOO es la organización que más estudia los distintos valores de los módulos de conciertos, que, por ejemplo, en 2022 oscilaban, en Primaria, entre los 62.758,89 euros del País Vasco y los 30.691,28 euros de otras comunidades autónomas: sin embargo en todas ellas se ha incrementado el 2,5% a su profesorado sin que haya sido un problema el 0,5% adicional de cuota patronal, que es la base del conflicto actual. Hay que regular mejor estas situaciones y obligar a todas las CC. AA. a definir sus módulos computando plantillas y complementos autonómicos.

Otro tanto ocurre con las partidas de “Otros Gastos” y de “Gastos Variables”, definidas por primera vez en 1986 y actualizadas, generalmente con la inflación prevista, lo que conlleva un desfase actual en muchas CC. AA. que facilita que la gratuidad de la enseñanza no sea real, o que la Administración, por ejemplo, no abone la paga de los 25 años.

Junto a estos, hay otros problemas, entre ellos la no previsión legal de algunos complementos (por ejemplo la paga de 25 años) o la necesidad de extender el pago delegado a otros colectivos, como tantas veces hemos defendido en el Consejo Escolar del Estado.

Tampoco se ha avanzado en estos años en la fijación de criterios comunes que garanticen la equiparación real con el personal docente funcionario.

Sobre todas estas cuestiones, CCOO planteó enmiendas concretas en el debate de la LOMLOE, sin que prosperaran.

 

Riesgos del actual aplazamiento de las tablas salariales

Con estos apartados demostramos nuestro compromiso con el pago delegado y creemos dejar claro que el actual problema del 0,5% de cuota empresarial es un elemento menor en el conjunto de las problemáticas relacionadas con nuestra financiación, que, además, ni siquiera es un problema en las CC. AA. que en teoría aplican los mínimos de los PGE y están abonando ya el 2,5%. UGT parlotea, pero no da argumentos sindicales. Los nuestros son:

• Se puede producir un paso atrás en la equiparación. Desde la LOE se nos aplica directamente el mismo incremento salarial que CCOO negocia para los empleados públicos. Este año es el 2,5% y la inmensa mayoría del profesorado ya lo está cobrando.
• Existe un riesgo objetivo de extender un problema, que reduciría los salarios actuales, a comunidades en las que no ha habido problema para que la Administración asuma de forma natural el incremento del 0,5% de cuota patronal, que supone el factor de solidaridad intergeneracional, y que conllevaría que sea el propio profesorado quien se haga cargo del abono del incremento de la cuota empresarial.
• Existe el riesgo de reproducir lo ocurrido en 2013 y que, por un período indeterminado, desaparezcan del convenio las tablas salariales para el profesorado en pago delegado, con los graves perjuicios que ello podría generar a dicho colectivo.

¿Por qué, tras 17 años, ni las patronales ni el resto de los sindicatos exigen, con la misma contundencia que emplean para atacar a CCOO, la creación de la Mesa de revisión de los módulos de conciertos educativos, que es el ámbito para solucionar de forma permanente este y otros problemas? ¿Por qué no presionan al Ministerio de Educación? ¿Será que temen que si se revisan será más difícil justificar las aportaciones pedidas a las familias y sus efectos en la escolarización?

Esperamos que UGT supere su adicción a culparnos de lo que no saben resolver, porque tampoco ponen las bases para hacerlo cuando existe un marco legal para ello, en la misma línea del resto de los sindicatos del sector. Esperamos no tener la necesidad de volver a hacer una contestación como esta, cuando las Confederaciones de CCOO y UGT trabajan juntas de forma permanente.

 

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