Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha | 12 octubre 2026.

CCOO exige un compromiso claro de las AA. PP. que garantice la estabilidad de las y los 3.400 profesoras/es Ayudantes Doctor acogidos a este programa

  • Se alcanza un acuerdo en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria que permite desbloquear la financiación del programa María Goyri para las universidades públicas.

07/09/2026.
CCOO reclama responsabilidad institucional para garantizar la financiación de las universidades públicas

CCOO reclama responsabilidad institucional para garantizar la financiación de las universidades públicas

El viernes 3 de septiembre, el Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) ha acordado, en reunión telemática, el reparto entre las comunidades autónomas de los fondos estatales destinados al Programa María Goyri correspondientes a 2026: 149,67 millones de euros para pagar el sueldo de 3.400 profesores y profesoras ayudantes doctor (PAD) en universidades públicas de toda España en marco del programa María Goyri. El acuerdo de la distribución, que se refleja a continuación, se ha tomado con los votos a favor de todas las comunidades autónomas a excepción de Illes Balears, que ha votado en contra.

CC. AA. Coste de las plaza contratadas y financiadas por el MICIU en 2026 CC. AA. Coste de las plaza contratadas y financiadas por el MICIU en 2026
Andalucía 21.083.400 € Comunitat Valenciana 17.841.306 €
Aragón 3.796.284 € Extremadura 2.035.800 €
Asturias 1.287.206 € Galicia 4.235.637 €

Illes Balears

1.058.568 € La Rioja 160.435 €
Canarias 5.437.673 € Madrid 28.305.088 €
Cantabria 1.131.000 € R. de Murcia 5.225.800 €
Castilla y León 11.080.110 € Navarra 1.862.080 €
Castilla-La Mancha 4.229.088 € País Vasco 6.020.960 €
Cataluña 34.884.105 €
TOTAL 149.674.540 euros

 

El uso político de la universidad pública

La firma de un acuerdo para la aplicación de un programa ratificado por el MICIU y las CCAA, que debería ser algo absolutamente normal y de procedimiento, se ha convertido en noticia por la negativa, el pasado 29 de julio, de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a acudir a la reunión convocada de manera telemática en el mismo marco en el que ahora se aprueba, la CGPU. La falta de quorum hizo imposible el acuerdo y obligó a las universidades públicas a financiar con sus propios recursos el salario de este profesorado, universidades que subsisten, en la mayoría de los casos, en una situación de infrafinanciación estructural por parte de las comunidades autónomas de las que dependen.

Y eso que la reunión se convocaba para ratificar el acuerdo ya aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria y el Pleno tenía por objeto iniciar el procedimiento administrativo imprescindible para transferir los fondos a las comunidades autónomas, que posteriormente deben hacerlos llegar a las universidades públicas.

Esta actuación evidencia la falta de compromiso real de buena parte de las comunidades autónomas no ya con el programa y los acuerdos firmados, sino con sus universidades públicas. Si esta situación se vuelve a repetir debe tenerse en cuenta que cualquier paralización del programa genera:

Incertidumbre en las universidades al no poder planificar con un mínimo de previsión sus plantillas y la docencia a impartir ya que compromete sus recursos presupuestarios al verse obligadas a optar por mantener los contratos del programa con sus propios recursos u optar por un incremento de la temporalidad, afectando de manera directa a la prestación del servicio público universitario en unas condiciones mínimas de calidad.

Las universidades públicas necesitan estabilidad, planificación y una financiación suficiente para desarrollar sus políticas de personal. Las discrepancias institucionales no pueden traducirse en retrasos que perjudiquen a las universidades, al profesorado ni al estudiantado.

Abandona a su suerte a miles de profesores y profesoras que han sido contratados bajo este programa, que pueden empezar a cuestionarse no sólo la viabilidad de programa, sino el compromiso de estabilidad a futuro de las plazas que ahora ocupan.

Para CCOO, el cumplimiento íntegro de los acuerdos consensuados por las administraciones es el pilar fundamental sobre el que se sostienen tanto la lealtad institucional como la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas. Situaciones como la vivida evidencia la ausencia de compromiso institucional de determinadas administraciones autonómicas con los acuerdos ratificados por ellas. Debemos exigir a las administraciones un ejercicio responsable de sus competencias y con una gestión del servicio público universitario que garantice su calidad y viabilidad.

CCOO defiende el mantenimiento de un programa vital para las universidades públicas en el actual contexto. Cuestionar la incorporación de este nuevo profesorado y su futura estabilización, supone discutir la necesidad del propio modelo público de universidades de calidad. Evidentemente, este tipo de programas no solucionan por sí mismos los problemas de las universidades, pero son un elemento más para garantizar el futuro de la universidad pública.

Por ello, CCOO exige que las comunidades autónomas ratifiquen su compromiso con el programa y garanticen la estabilización de las plazas a medida que se vayan cumpliendo los criterios de acreditación requeridos, además de cumplir el resto de medidas y obligaciones que afectan a la financiación pública de las universidades y a las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras para continuar avanzando en el desarrollo de lo que marca la LOSU.

CCOO reclama responsabilidad institucional para garantizar la financiación de las universidades públicas.

 

Qué es el Programa María Goyri

El Gobierno de España, a través del MICIU, puso en marcha el Programa María Goyri para incorporar un total de 5.636 profesores y profesoras ayudantes doctor a las universidades públicas de nuestro país de manera progresiva hasta el curso 2027/2028, un 70% más de los que había en el curso 2023-2024. Mientras que las 3.400 plazas sufragadas por el Gobierno central ya han sido gestionadas, las comunidades autónomas disponen de plazo hasta junio de 2028 para realizar e incorporar de manera efectiva las 2.236 plazas adicionales de cofinanciación autonómica.

El programa supone financiar durante seis años 3.400 plazas de PAD en toda España, que ya se han contratado y supondrán un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo. Además, este programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragan las comunidades autónomas con una aportación adicional de 600 millones de euros.

Los convenios marco del Programa María Goyri fueron aprobados por el Gobierno y por las Comunidades Autónomas, así como por el Consejo de Ministros, que autorizó la transferencia de 149,6 millones de euros al año, a las Comunidades para financiar los salarios de estas plazas.

CC. AA. Plazas Fecha de la firma
Financiadas por el Ministerio Financiadas por las CC. AA. Total de plazas
Cataluña 705 463 1.168 17.10.2024
Principado de Asturias 34 23 57 16.09.2024
Castilla-La Mancha 96 63 159 25.09.2024
Estatal (UNED) 65
Comunidad Foral de Navarra 46 30 76 04.11.2024
Canarias 113 75 188 06.11.2024
Aragón 94 62 156 13.11.2024
La Rioja 5 4 9 18.11.2024
Comunitat Valenciana 426 281 707 18.11.2024
Cantabria 29 19 48 19.11.2024
Andalucía 468 306 774 20.11.2024
Extremadura 54 35 89 21.11.2024
Región de Murcia 116 76 192 26.11.2024
Illes Balears 28 18 46 27.11.2024
Galicia 101 65 166 27.11.2024
Castilla y León 269 176 445 05.12.2024
Madrid 656 435 1.091 12.12.2024
País Vasco 121 79 200 03.12.2024
TOTAL CC. AA. 3.361 2.235 5.436
UNED 39 26 65 01.10.2024
TOTAL 3.400 2.236 5.636

El objetivo es que, a la finalización del período de 6 años de contratación como PAD, el profesorado disponga de las acreditaciones necesarias para concursar a plazas estables de funcionario (Profesor/a Titular) o laboral fijo (Profesor/a Permanente Laboral), asegurando que el esfuerzo de rejuvenecimiento de las plantillas no sea temporal, sino estructural.